La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, sufrió un duro revés de las autoridades de Estados Unidos, las cuales cancelaron su visa para poder ingresar a ese país, al igual que a su esposo Carlos Torres Torres.
La medida, calificada por la mandataria como producto de un “contexto binacional complejo”, es apenas el inicio de lo que la administración de Donald Trump está dispuesta a hacer contra gobernantes y funcionarios mexicanos investigados por asuntos de corrupción y/o colusión con grupos criminales, particularmente con los cárteles de la droga que son considerados organizaciones terroristas.
La decisión de Estados Unidos volvió a encender las alertas dentro del gobierno mexicano. Fuentes de alto nivel reconocen que la medida de retirar las visas sí está relacionada con investigaciones que se siguen contra un grupo de funcionarios y políticos que, presuntamente, mantienen vínculos, directos o indirectos, con el crimen organizado.
Por lo pronto, la cancelación de su visa impedirá a la morenista Marina del Pilar regresar a su verdadero lugar de residencia: San Diego, California, a donde decidió mudar a su familia para protegerla de la inseguridad que prevalece en la entidad que gobierna.
Las fuentes confirman que la frecuencia con la que Ávila Olmedo y su esposo, el exdiputado panista Carlos Torres Torres, cruzan la frontera fue una de las razones por la que las indagatorias contra esta pareja son las primeras en hacerse públicas, además del arraigo que tienen en la comunidad californiana de Estados Unidos, donde serían los propietarios de diversos bienes raíces a través de prestanombres.
En Baja California el total de los bienes de la gobernadora se encuentran a nombre de su pareja y éste, a su vez, tiene una red de socios con los que comparte negocios y empresas, entre ellos los hermanos Juan Manuel y Luis Jaime Lameiro Camacho, operadores de restaurantes y bares en el estado. A título personal, Marina del Pilar es socia de estos empresarios en la razón social denominada Vida Orgánica Tijuana, dedicada a la comercialización de productos orgánicos y veganos.
Las irregularidades en el patrimonio de Marina del Pilar y su posible relación con el crimen organizado ya habían sido denunciadas por el exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, quien terminó confrontado con su sucesora a pesar de pertenecer al mismo partido.
El desencuentro entre los morenistas se dio aun cuando el esposo de la gobernadora, entonces como diputado local panista, votó en 2020 a favor de la llamada “Ley Bonilla”, que buscaba extender de dos a cinco años el mandato del entonces gobernador. Las cosas no salieron como se esperaba y la relación se rompió, para dejar al matrimonio Torres-Ávila con un enemigo que al parecer se convirtió en informante del FBI para no ser investigado.
El hecho es que ya fue revelado el primer nombre de un gobernador –gobernadora en este caso– de la llamada “lista negra” de políticos y gobernadores mexicanos que se encuentran bajo investigación en Estados Unidos, y pronto se sabrán algunos más.
La “lista” ha sido comentada en las reuniones del Gabinete de seguridad, de manera que la presidenta Claudia Sheinbaum está al tanto del problema que se puede desatar. El objetivo es dar golpes contra funcionarios mexicanos y políticos de alto nivel que sirvan como ejemplo para combatir la colusión de los gobernantes con los grupos criminales.
En la lista de nombres también hay funcionarios, mandatarios y exmandatarios de la oposición, así como un puñado de gobernadores morenistas en funciones; el más próximo a ser evidenciado sería Rubén Rocha Moya, de Sinaloa.
